Varios grupos presentaron una demanda contra la administración del gobernador Ron DeSantis el pasado lunes, impugnando la última ley antiinmigración de Florida. Los demandantes argumentan que esta ley causa un daño significativo a la capacidad de las personas para llevar a cabo su vida diaria.
La demanda, presentada en la corte federal de Miami, se centra en las amplias políticas de inmigración promulgadas por el estado a instancias del gobernador DeSantis, quien es un candidato presidencial republicano y ha criticado repetidamente la gestión del presidente Joe Biden ante la oleada de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
El objetivo de los grupos demandantes es evitar que el estado haga cumplir esta nueva ley, argumentando que podría obstaculizar a las autoridades federales de inmigración y conducir a arrestos, enjuiciamientos y acosos ilegales.
La ley en cuestión, FL SB 1718, permite a las autoridades acusar a alguien de trata de personas si transporta a sabiendas a un migrante indocumentado a través de las fronteras estatales.
Además, prohíbe que un inmigrante indocumentado conduzca un automóvil incluso si posee una licencia de conducir de otro estado y exige que los hospitales estatales que reciben Medicaid indaguen sobre el estado migratorio de los pacientes.
La demanda fue presentada por varios grupos, entre ellos el Consejo Estadounidense de Inmigración, Americans for Immigrant Justice, Southern Poverty Law Center y la Fundación ACLU de Florida, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
Esta última es una organización sin fines de lucro que cuenta con casi 12,000 miembros, tanto documentados como no documentados. La demanda también incluye a nueve demandantes anónimos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense y dirige una organización sin fines de lucro en el sur de Georgia.
Este demandante en particular transporta inmigrantes de diferentes estados a través de las fronteras estatales para recibir atención médica especializada en Jacksonville y ahora teme enfrentar cargos por delitos graves debido a la nueva ley.
